Un millón y medio de pesos para quienes aporten información que ayude a esclarecer los ataque a los jueces provinciales

Así lo estableció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el monto asciende a $ 1.500.000 y el objetivo es esclarecer los hechos ocurridos el 19 y el 20 de junio contra tres inmuebles pertenecientes a personas vinculadas al juez Juan Carlos Vienna, en la ciudad de Rosario.

 

La investigación de la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional de la Circunscripción Judicial Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), integrada por Natalia Benvenuto y Valeria Pedrana. La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en la sede del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Rosario, ubicado en Corrientes 2114. Este organismo dará conocimiento a la dirección provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Idéntica suma se ofreció oportunamente para quienes aportaran datos útiles en relación con los ataques contra inmuebles del juez Ismael Manfrín. El ministro Silberstein ratificó que “la firme decisión del gobernador es seguir avanzando contra el narcotráfico y el crimen organizado y, por tal motivo, se trabaja en conjunto con el gobierno nacional y la justicia federal y provincial”.

 

La resolución firmada por el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos aclara que la identidad de quienes brinden información y de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o el proceso judicial. Además, se destaca que el pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la dirección provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos en relación con el mérito de la misma. El ofrecimiento de recompensa está previsto en la Ley provincial Nº 13.494. En este caso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras analizar los informes remitidos por las fiscales, valoró que se trata de un caso de gravedad social y estima conveniente y oportuno acceder a lo solicitado, ya que tanto Vienna como Manfrín estuvieron involucrados en la investigación y el juzgamiento de hechos vinculados al crimen organizado.